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Para alcanzar el mejor servicio de justicia posible, es necesario contar con procesos de designación de jueces y juezas que culminen con la selección final de idóneos, probos y capaces para el cargo. En tal lógica, los concursos constituyen el único método que reúne y garantiza a priori una elección adecuada, ya que asegura transparencia e igualdad en el mecanismo utilizado, objetivo que todo estado de derecho persigue y nosotros no somos la excepción. Dentro del sistema de concursos se encuentra comprendido los órdenes de mérito que evalúan a los aspirantes, criterio que colabora en evitar la discrecionalidad en la cobertura de lugares, sobre todo en aquellos casos donde se necesite de manera urgente un reemplazo.

En el marco de nuestra potestad como Colegio de Profesionales de la Abogacía local, surge imperativo opinar sobre ésta y todas las designaciones que se realicen, como forma de colaborar activamente en mejorar el servicio de justicia. Somos guardianes de la ley, en ese carácter, nos surge necesario brindar nuestra mirada especializada sobre las selecciones llevadas adelante en nuestro foro de Concordia.

La designación de la Dra. Geist para cubrir una vacancia y/o interinato, la cual calificamos por lo menos de irregular, no resulta novedoso, pues hemos sido testigos en los últimos tiempos a que el STJER proceda al llenado de las vacantes que se originan en el Poder Judicial de nuestra ciudad y hasta el nombramiento definitivo de los jueces titulares, con profesionales, en muchos casos, sin experiencia suficiente y/o cuyos méritos técnicos o académicos son cuestionables para el ejercicio de tan trascendental responsabilidad, es más, ignorando a los propios de nuestras ciudad.

Esta inexplicable actitud no resulta ingenua o menor ya que dichas personas, carentes de los requisitos suficientes para el ejercicio del cargo, van generando antecedentes y/o experiencia que posteriormente les permite disputar la titularidad del cargo vacante en los futuros concursos a celebrase en franca ventaja sobre otros postulantes que no han tenido dicha discrecional posibilidad.

Lamentablemente en el caso del nombramiento de la Dra. Geist el STJER ha dado un peligroso paso más allá, en el ejercicio de las facultades que discrecionalmente utiliza, pues en contra de toda lógica ha obviado la existencia de una terna surgida del Concurso para el Juzgado de Familia N°3, ya celebrado para ocupar dicho cargo y donde ya existían profesionales evaluados a fin de titularizar como jueces o juezas de Familia.

Consideramos además como practica saludable y a los fines de seguir un criterio lógico, que deberá tenerse en cuenta las personas que han concursado para el fuero de familia, porque ello no solo habilita su mérito sino el conocimiento específico de la materia y así cumplirse con uno de los postulados de la ley que refiere que los procesos de familia, deben tramitar ante jueces especialistas (cftr. Art. 1º inc 2 de la ley10.668). Los problemas que abarca el Derecho de Familia son muy diferentes a los comprendidos por otras áreas del Derecho Civil, por sus particulares controversias que involucran una gama compleja de relaciones y vínculos de duración y permanencia.

Por todos estos motivos, exigimos que el Superior Tribunal de Justicia tome inmediata intervención en el asunto y se ajuste al procedimiento específico para designación de Juez y/o Jueza de Familia, respetando el orden de mérito respectivo.

Finalmente, instamos al cese definitivo en la discrecionalidad de los nombramientos de cargos suplentes con personas que no son idóneas, como se ha venido llevando adelante desde hace un tiempo a esta parte por del STJER y que las vacantes sean ocupadas por las personas más preparadas a fin de garantizar a los ciudadanos, los únicos merecedores y destinatarios, de un mejor Servicio de Justicia.

COMISIÓN DIRECTIVA

COLEGIO DE LA ABOGACIA DE ENTRE RÍOS

SECCIONAL CONCORDIA

Dada la preocupación manifiesta de muchos matriculados y matriculadas por la pérdida de valor de sus honorarios profesionales, creemos que es una oportunidad de generar un debate y poder tener una postura unificada de cara a la necesidad de reformar el mecanismo que se utiliza para su actualización.

Destacamos que tanto el Dr. Martin Pita como el Dr. Pablo Hojman, tuvieron una activa participación en los proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso de Derecho recientemente realizado en la ciudad de Paraná y que están para tratarse en la actualidad.

Por eso, los invitamos especialmente a participar y ser protagonistas de este cambio que estamos solicitando  para mantener la integridad y el poder adquisitivo nuestra remuneración como profesionales del derecho.

Para una mejor organización les pedimos que se inscriban  previamente en el siguiente link: https://forms.gle/fVFRDkY99K4Y4mBBA

En efecto dicha retribución por nuestro trabajo en un contexto altamente inflacionario, como el que nos toca atravesar desde hace un tiempo a esta parte, se ve claramente afectada ponderando que los parámetros utilizados, tanto para la regulación de nuestros honorarios profesionales (unidad jurista) como para su actualización por mora (Tasa Activa Banco Nación Argentina) se encuentran ampliamente superados por los índices inflacionarios mensuales, que de esta forma afectan severamente los estipendios que nos corresponden.

Resaltamos el hecho de que el valor de la unidad jurista se encuentra claramente atrasado respecto a unidades de valor de otras jurisdicciones provinciales, y más aún con la unidad de valor del fuero Federal (UMA) donde se da la insólita situación que si iniciáramos una acción de  características idénticas, como lo es una acción de amparo con el objeto de obtener el reconocimiento de una prestación de salud, la regulación de honorarios en el fuero Federal por un resultado favorable quintuplicaría en su monto a la dispuesta por los tribunales de nuestra provincia.

Asimismo, la aplicación de la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina a los fines de la actualización de los honorarios profesionales en mora genera un evidente desfasaje de los montos a percibir por el profesional pues a modo de ejemplo la Tasa Activa Banco Naciòn Argentina entre el periodo 02/2022 al 02/2023 trepó, aproximadamente al 66%, es decir muy por debajo de la inflación anual en dicho lapso que alcanzó casi al 100% y, más aún, de los precios de los productos de la canasta esencial que alcanzaron porcentuales  significativamente mayores.

La existencia de una clara depreciación del valor de nuestras retribuciones que año a año afectan severamente la naturaleza alimentaria de dicho crédito y nos impide mantener actualizados los estipendios siendo esto una clara afectación a nuestros derechos.

A pesar de que podamos considerar al crédito de honorarios como una deuda de valor, esa obligación se transforma en dineraria recién en la oportunidad de ser fijada judicialmente por lo tanto, desde esa oportunidad deben ponderarse los intereses moratorios correspondientes.

Por dicha razón desde este Colegio de la Abogacìa, Seccional Concordia,  solicitamos en forma urgente, tanto a las autoridades provinciales de nuestro Colegio, como a los Legisladores e integrantes del Poder Judicial,  la búsqueda de soluciones, que remedien tamaña injusticia, ya sea con la aplicación de mecanismos de actualización relacionados con el aumento de los salarios de los Magistrados, o bien la aplicación de índices UMA, JUS PREVISIONALES o con un índice acorde a la realidad inflacionaria, como lo efectivizan algunos magistrados laboralistas de nuestra Provincia aplicando a los créditos del trabajador una vez y media la Tasa Activa Banco Naciòn Argentina, y/o índices de precios al consumidor que en forma justa mantengan la integridad y el poder adquisitivo de la remuneración del profesional del derecho, a la postre eslabón fundamental de la estructura del sistema jurídico de nuestro país.

COMISION DIRECTIVA